
Las decisiones de los jueces son como las que toman los médicos, levantan grandes pasiones entre el respetable, porque a menudo desatan una sucesión incontrolada de efectos en nuestras sociedades y nuestros cuerpos y, ya se sabe, nada provoca más vértigo en un humano que precipitarse a lo desconocido. Eso es lo que ha provocado el juez Javier Gómez Bermudez cuando esta semana decidió expulsar de la sala de juicios que preside a la abogada Zoubida Barik porque esta cubría su cabeza con un velo.
Lo más llamativo, a mi entender, no ha sido, con todo, la acción de Bermudez, sino la del ministro de justicia, Francisco Caamaño. Entiendo que hay un elemento corporativo presente en la acción todo ministerio, indispensable para que quienes componen ese sector de la administración se sientan respaldados, y esta realice sus labores en un clima humano que favorezca su eficiencia. Pero un ministro, como cualquier servidor público, debe volcar su esfuerzo en defender el bien común, el proyecto que toda la sociedad considera ejemplar y necesario, no en tapar las vergüenzas de quienes sirven a ese fin. Salvo que esos trabajadores, como Bermudez, sean indispensables como cortafuegos para que las llamas no afecten al jefe. Caamaño ha basado su defensa preliminar del juez en el principio de confianza. Confía en el buen criterio del magistrado, confía en el sabio entendimiento de este de las circunstancias que inducen a una decisión, confía en su capacidad para aplicar la ley.
Las instituciones están regidas por personas, que acceden a tales cargos tras no solo una especial preparación que permita la correcta ejecución de la tarea encomendada, sino tras la comprobación, y esa es la labor de los tribunales de pruebas y meritos, de su capacidad para tomar decisiones racionalmente meditadas y ajustadas al deseo ético y la finalidad de auto preservación de las sociedades. Concluimos que quienes nos gobiernan y sirven, acumulan toda esa suerte de virtudes, y eso les confiere una autoridad que, de buena fe, admitimos, aun cuando no quede reflejado en un documento legal, en una ley. Pero, por si acaso, no esta de más, tanto para protegernos nosotros del error y la arbitrariedad, como ellos del ataque malintencionado de quienes buscan conculcar la ley y su espíritu en base a criterios tan solo formalistas, que todo ello quede reflejado en una ley. Del suceso se deduce que en este caso la ley esta siendo suplida por la buena voluntad, el sentido común y la fe en los valores personales de los individuos, algo muy arriesgado, pues es tanto como colocar el funcionamiento de nuestras sociedades al albur de estados de ánimo, convicciones personales, no necesariamente unidas a las grupales e impulsos varios y humanos al fin.
Es evidente, como ha señalado Zoubida Barik que hay un vacío en nuestro procedimiento jurisdiccional, o al menos una contradicción entre lo que la ley no regula, porque antes era un supuesto imposible (que una mujer tuviera un papel activo en un tribunal, y encima no fuera judeo cristiana), y lo que los jueces interpretan, a titulo personal, como correcto. Asunto este muy relevante, pues en este caso ha privado a un acusado de ser defendido por quien él quería, lo que perjudica su legítimo derecho de defensa.
Dicho eso, tampoco parece razonable la reacción airada de la letrada, que ha enfundado el incidente en un velo de racismo e intolerancia religiosa. Mucho suponer es eso, aunque podría ser el motivo. Se atribuye a Bermudez una actitud chulesca y patrimonial, basada en al supuesta frase de que “este es mi tribunal y aquí mando yo”, o algo similar. Tenemos, como buenos latinos, una tendencia muy acusada, en mi lejano país, a la dramatización, que ya se ve, contagia hasta a los que nos llegan de fuera. No siempre las acciones que llevamos a cabo están impulsadas por oscuros sentimientos antisociales de racismo, intolerancia y fobia a lo distinto. Puede que tal frase no se haya dicho, o puede que si, pero sin convicción, motivada en una situación de tensión, en cuyo seria poco disculpable, pero entendible. Con todo, el fondo del asunto contempla dos lados más.
Lo diga la ley o no, en cuyo caso hay que reformarla, la ley debe ser laica, ajena todo espíritu de partido, creencia o costumbre, y a la vez imbuida, no ajena, por todos. Es la forma que tenemos, la única, de preservar nuestra diversidad, evitar, aunque sea en forma, la preeminencia de unos sobre otros, siendo lo común en este caso, justicia igual de partida igual para todos. Ese es nuestro valor como sociedad, el de la diferencia. Una diferencia que debe ser sagrada en el ámbito de lo privado, respetada y tolerada en la manifestación pública de los individuos, siempre y cuando no coarte el derecho a la diferencia de los demás, pero uniformizadora, cuando los organismos que la protegen actúan, porque nuestras creencias son distintas, pero nuestros derechos son los mismos.
Barik debería comprender que su velo, o el crucifijo de otros, dentro de un espacio del estado solo sirve para transmitir un predominio, señalando a quien no lo comparte como un extranjero, como alguien distinto, pero en un plano de inferioridad, y eso es inadmisible en nuestras sociedades.
No podemos caer, sin embargo, en simplismos que solo sirven para demostrar nuestra hipocresía moral. Eso de que gente como Barik reclama aquí los derechos que no osarían ni mentar en un país islámico es una sandez. Estamos aquí, no allí. Pero si que nos debe llevar a una última reflexión. Los símbolos son solo la traslación física de un convencimiento, y ese fuero interno, esa convicción, puede ser un velo más opresivo que el que se porta y ve. Un tocado marcado por una moda estética puede que este exento de malicia o riesgo. Cuando una monja católica se coloca una toga, quizá veamos una mujer con la cabeza tapada, como cualquier magrebí, pero lo que alimenta ese gesto es un compromiso con Dios, y a través de él, la entrega como hermana, en humilde igualdad, a toda una sociedad. Cuando alguien de la procedencia de Barik cubre su cabeza, lo que subyace, casi siempre, es la aceptación de la sumisión a un hombre, y por extensión al conjunto de ellos. Nuestro mayor reto no es reñir a Bermudez por como trata los velos que se muestran a sus ojos, sino a ayudar a Barik a que destruya los que se ocultan a los de todos.
Lo más llamativo, a mi entender, no ha sido, con todo, la acción de Bermudez, sino la del ministro de justicia, Francisco Caamaño. Entiendo que hay un elemento corporativo presente en la acción todo ministerio, indispensable para que quienes componen ese sector de la administración se sientan respaldados, y esta realice sus labores en un clima humano que favorezca su eficiencia. Pero un ministro, como cualquier servidor público, debe volcar su esfuerzo en defender el bien común, el proyecto que toda la sociedad considera ejemplar y necesario, no en tapar las vergüenzas de quienes sirven a ese fin. Salvo que esos trabajadores, como Bermudez, sean indispensables como cortafuegos para que las llamas no afecten al jefe. Caamaño ha basado su defensa preliminar del juez en el principio de confianza. Confía en el buen criterio del magistrado, confía en el sabio entendimiento de este de las circunstancias que inducen a una decisión, confía en su capacidad para aplicar la ley.
Las instituciones están regidas por personas, que acceden a tales cargos tras no solo una especial preparación que permita la correcta ejecución de la tarea encomendada, sino tras la comprobación, y esa es la labor de los tribunales de pruebas y meritos, de su capacidad para tomar decisiones racionalmente meditadas y ajustadas al deseo ético y la finalidad de auto preservación de las sociedades. Concluimos que quienes nos gobiernan y sirven, acumulan toda esa suerte de virtudes, y eso les confiere una autoridad que, de buena fe, admitimos, aun cuando no quede reflejado en un documento legal, en una ley. Pero, por si acaso, no esta de más, tanto para protegernos nosotros del error y la arbitrariedad, como ellos del ataque malintencionado de quienes buscan conculcar la ley y su espíritu en base a criterios tan solo formalistas, que todo ello quede reflejado en una ley. Del suceso se deduce que en este caso la ley esta siendo suplida por la buena voluntad, el sentido común y la fe en los valores personales de los individuos, algo muy arriesgado, pues es tanto como colocar el funcionamiento de nuestras sociedades al albur de estados de ánimo, convicciones personales, no necesariamente unidas a las grupales e impulsos varios y humanos al fin.
Es evidente, como ha señalado Zoubida Barik que hay un vacío en nuestro procedimiento jurisdiccional, o al menos una contradicción entre lo que la ley no regula, porque antes era un supuesto imposible (que una mujer tuviera un papel activo en un tribunal, y encima no fuera judeo cristiana), y lo que los jueces interpretan, a titulo personal, como correcto. Asunto este muy relevante, pues en este caso ha privado a un acusado de ser defendido por quien él quería, lo que perjudica su legítimo derecho de defensa.
Dicho eso, tampoco parece razonable la reacción airada de la letrada, que ha enfundado el incidente en un velo de racismo e intolerancia religiosa. Mucho suponer es eso, aunque podría ser el motivo. Se atribuye a Bermudez una actitud chulesca y patrimonial, basada en al supuesta frase de que “este es mi tribunal y aquí mando yo”, o algo similar. Tenemos, como buenos latinos, una tendencia muy acusada, en mi lejano país, a la dramatización, que ya se ve, contagia hasta a los que nos llegan de fuera. No siempre las acciones que llevamos a cabo están impulsadas por oscuros sentimientos antisociales de racismo, intolerancia y fobia a lo distinto. Puede que tal frase no se haya dicho, o puede que si, pero sin convicción, motivada en una situación de tensión, en cuyo seria poco disculpable, pero entendible. Con todo, el fondo del asunto contempla dos lados más.
Lo diga la ley o no, en cuyo caso hay que reformarla, la ley debe ser laica, ajena todo espíritu de partido, creencia o costumbre, y a la vez imbuida, no ajena, por todos. Es la forma que tenemos, la única, de preservar nuestra diversidad, evitar, aunque sea en forma, la preeminencia de unos sobre otros, siendo lo común en este caso, justicia igual de partida igual para todos. Ese es nuestro valor como sociedad, el de la diferencia. Una diferencia que debe ser sagrada en el ámbito de lo privado, respetada y tolerada en la manifestación pública de los individuos, siempre y cuando no coarte el derecho a la diferencia de los demás, pero uniformizadora, cuando los organismos que la protegen actúan, porque nuestras creencias son distintas, pero nuestros derechos son los mismos.
Barik debería comprender que su velo, o el crucifijo de otros, dentro de un espacio del estado solo sirve para transmitir un predominio, señalando a quien no lo comparte como un extranjero, como alguien distinto, pero en un plano de inferioridad, y eso es inadmisible en nuestras sociedades.
No podemos caer, sin embargo, en simplismos que solo sirven para demostrar nuestra hipocresía moral. Eso de que gente como Barik reclama aquí los derechos que no osarían ni mentar en un país islámico es una sandez. Estamos aquí, no allí. Pero si que nos debe llevar a una última reflexión. Los símbolos son solo la traslación física de un convencimiento, y ese fuero interno, esa convicción, puede ser un velo más opresivo que el que se porta y ve. Un tocado marcado por una moda estética puede que este exento de malicia o riesgo. Cuando una monja católica se coloca una toga, quizá veamos una mujer con la cabeza tapada, como cualquier magrebí, pero lo que alimenta ese gesto es un compromiso con Dios, y a través de él, la entrega como hermana, en humilde igualdad, a toda una sociedad. Cuando alguien de la procedencia de Barik cubre su cabeza, lo que subyace, casi siempre, es la aceptación de la sumisión a un hombre, y por extensión al conjunto de ellos. Nuestro mayor reto no es reñir a Bermudez por como trata los velos que se muestran a sus ojos, sino a ayudar a Barik a que destruya los que se ocultan a los de todos.




























